(Fuente: Consumer.es)
Internet y las nuevas tecnologías se consideran en algunos países como un derecho fundamental, puesto que fomentan la cohesión social y el desarrollo económico. Así ocurre en Finlandia. Sin embargo, en otros países como Reino Unido o Argentina, el uso de la tecnología se entiende como un consumo de lujo sobre el cual se deben aplicar impuestos, con el fin de poder extenderlo al conjunto de la población. Los detractores de estos impuestos creen que el gravamen sólo aumentará la brecha tecnológica entre quienes ya acceden de forma habitual a la tecnología y quienes quieren hacerlo por primera vez.
En Reino Unido, el Gobierno británico trabaja en una ley que fije un impuesto mensual de 50 peniques de libra a las conexiones a Internet por banda ancha. Este impuesto estaría destinado a crear las infraestructuras necesarias para llevar el acceso a la Red hasta las zonas rurales del país donde la orografía y la situación no han permitido tener una conexión de alta velocidad.
En Argentina, desde el pasado mes de noviembre, hay una nueva legislación que grava con una tasa de hasta el 35% a los productos tecnológicos y de electrónica de consumo. Se duplica el IVA del 10,5% al 21% a un listado de dispositivos electrónicos que no se hayan fabricado o ensamblado en el país, como teléfonos móviles, cámaras de fotos y vídeo, GPS, monitores y televisores. Incluso congeladores y microondas.
La primera ley aprobada incluía impuestos a ordenadores personales como los de sobremesa, los portátiles y los ultraportátiles, o netbooks, además de un nuevo impuesto del 3% sobre el precio de las telecomunicaciones. Respecto a las conexiones a Internet, las comunicaciones de telefonía móvil, fija y el consumo de televisión por cable.
Un movimiento ciudadano, impulsado a través de la red de microblogging Twitter, convenció a algunos políticos argentinos de que la medida agrandaría a largo plazo la brecha digital en la sociedad argentina, debido al encarecimiento de los productos tecnológicos. Además, se expresó el temor al fomento de un mercado negro paralelo, con productos que no estén gravados con los impuestos locales.
En México aprobado pero con condiciones el gravamen de un 3% sobre las conexiones a Internet. La atenuación del impuesto se ha debido al mismo movimiento cívico en Twitter que se produjo en Argentina. En este caso, el impuesto especial para las telecomunicaciones e Internet sólo se aplicará a los contratos que no tengan el servicio de Internet por separado (un paquete de llamadas y conexión a Internet). En caso contrario, el impuesto no se cobra, siempre y cuando la factura sea inferior al 30% del total de servicios de telecomunicaciones contratados y consumidos por el usuario.
En España, a pesar de no ser un impuesto, impera un canon por copia privada que grava a determinados productos electrónicos y soportes físicos, en función de su capacidad para albergar obra protegida por los derechos de autor. Las entidades de gestión recaudan este canon y desde su instauración no ha dejado de generar polémica debido a que no distingue, en lo que se refiere a ciertos productos como CD, DVD o discos duros, entre un uso como material de ocio y otros usos de carácter profesional en los que no hay motivos para albergar obras con derechos. De este modo, empresas y profesionales tienen que pagar el canon por derechos cuando guardan datos personales en estos soportes.
En la Unión Europea hay algunos impuestos especiales para los productos electrónicos que funcionan como grabador de datos. Cualquier cámara digital que pueda grabar 30 minutos o más de vídeo de forma continuada, tiene un gravamen del 4,9%. Por este motivo, algunas cámaras de vídeo y de fotografías no incluyen esta funcionalidad en los dispositivos que venden en el mercado europeo o la limitan a una cantidad de tiempo inferior.
Hace un año, la Comisión Europea propuso una nueva clasificación aduanera para los teléfonos móviles que integren cámaras de fotos y GPS, entre otras funcionalidades, que les carga con un arancel de hasta el 14% sobre el valor nominal del producto. Al final, el pasado mes de julio, bajo la presidencia de Suecia, la Comisión descartó este nuevo impuesto, aunque cabe la posibilidad de que se vuelva a proponer en el futuro. |
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